lA EMPRESA DE MOS LA SANCIONAN POR 90.000E

PONTEVEDRA El asesinato a tiros del vigués Xosé Álvarez Nión, de 20 años de edad, cuando realizaba tareas de vigilancia en el polígono industrial de O Rebullón en Mos el pasado 16 de agosto, destapó un caso de intrusismo en el sector de la seguridad privada, según expuso ayer el subdelegado del Gobierno Delfín Fernández Álvarez, con ocasión de la Comisión Mixta de Seguridad Privada celebrada ayer en Pontevedra.El subdelegado destacó que la firma para la que trabajaba la víctima "estaba funcionando como empresa de seguridad y sólo estaba registrada como empresa de servicios, por lo que se le abrió un expediente". Como ejemplo de la contundencia con que se actúa en estos casos, Fernández Álvarez anunció que ha propuesto a Madrid una sanción de unos 90.000 euros para la empresa de seguridad, 6.000 para el director de seguridad y otros 3.000 para la empresa ubicada en el parque industrial de Mos que contrató estos servicios.Explicó que en estos casos hay "una propuesta de sanción por parte de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional que al llegar a la Subdelegación se convierte en un expediente de sanción, se nombra un instructor y ya en este momento se le anuncia una cuantificación inicial para la infracción que se ha cometido, y que en este caso es muy grave".Posteriormente, se abre un periodo de alegaciones, se da audiencia a los implicados y finalmente se envía el expediente a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil el organismo que ahora decidirá si ratifica la sanción, o "la aumenta o la disminuye".Empresas y sindicatos volvieron a denunciar en la reunión celebrada ayer en Pontevedra situaciones de intrusismo como que auxiliares están realizando labores de vigilantes o que firmas no registradas ofrecen servicios de seguridad.En este sentido, Fernández Álvarez aseguró que se está haciendo un importante esfuerzo por atajar y sancionar estas prácticas. En el norte de la provincia, la Comisaría de Pontevedra realizó 12 inspecciones que dieron lugar a 4 denuncias y en el sur, la Policía Nacional elevó un total de 30 propuestas de sanción. Fernández explicó que han aumentado de forma importante el número de denuncias presentadas. Unas multas que, en estos casos, sí son altas, con una media de unos 30.000 euros. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, desde enero de este año y hasta el 30 de noviembre, ha tramitado un total de 219 sanciones tanto por falsas alarmas como por intrusismo en el sector de la seguridad privada, que han derivado en multas que suman un millón de euros.

FUENTE:http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3203_9_185897__Sucesos